Urbanismo y democracia en Chile durante el siglo XX

 

    Durante el siglo XIX, la planificación urbana nacional había estado determinada por el interés individualista de las élites dominantes, donde el derecho de propiedad no encontraba mayores límites en la institucionalidad pública emergente. Es recién con la promulgación  de la  Constitución  de 1925  cuando  se reconoce la necesidad de proporcionar una habitación sana para  los diferentes sectores del país (Patricio Gross. Santiago de Chile (1925-1990): Planificación urbana y modelos políticos, 1991), fijando “reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social”.

    Es en este contexto donde se hace posible la formulación de proyectos urbanísticos de gran envergadura apoyados por el Estado. Hito inaugural es el diseño de un barrio cívico para Santiago, del arquitecto austriaco Karl Brünner, que dota a la capital de un simbolismo nacionalista que busca equipararse con las principales urbes europeas. Sin embargo, los mayores apremios de la época tenían que ver con la denominada periferia, cuyas condiciones de habitación se encontraban sumamente deterioradas, entre otras cosas, por la escasa intervención pública en la dotación del equipamiento necesario para una población que crecía cada vez más por efecto de la migración campo ciudad. De ahí es que, en 1925, “se promulga el Decreto Ley N° 308, de Fomento de las habitaciones baratas, que creó el Consejo superior de bienestar social”, consolidando el giro hacia una visión planificada con interés púbico. A esta le sigue la Ley General de Construcción y Urbanización, de 1931, que provee medidas “para asegurar el adecuado desarrollo de una ciudad o población, teniendo en vista el saneamiento y ornato de la misma, la higiene y estética de sus edificios, las facilidades del tránsito en sus calles y avenidas y, en general, la mayor comodidad de sus habitantes”. Considerando que, en palabras de Brünner, “el urbanismo debe hacer de cada pueblo o ciudad exponente de la cultura y civilización de sus moradores, una verdadera obra de arte”. Asimismo, en 1948 se promulga la Ley Pereira, que facilita el acceso a la vivienda de las capas medias. Más radical todavía son los programas de regularización de las tomas de terrenos, donde el Estado cede ante la presión de los pobladores y legaliza sus iniciativas, siendo la población La Victoria emblemática de este proceso. Hacia la década de 1960, la incorporación de las nuevas tecnologías, las reflexiones de vanguardia en las principales urbes del mundo y la necesidad de una relación armónica entre urbanismo y democracia, eran parte de los programas de gobierno de los diferentes candidatos presidenciales. La Oficina Nacional de Planificación ODEPLAN, la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Corporación de Vivienda, CORVI y la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU, dan cuenta de esto.

    Sin embargo, estos esfuerzos que, desde diferentes veredas ideológicas, intentan organizar el crecimiento de la capital nacional como una unidad plena de significados, quedan sepultados por el arribo al poder de la dictadura de 1973, donde la Constitución impuesta en 1980 entrega la planificación urbana a los intereses del mercado, teniendo como efecto un retorno a la lógica del siglo XIX. Solo en 1985, tras la constatación de los efectos negativos producto de la exacerbación del ideario de mercado en el desarrollo urbano, se establece la llamada “Política Ajustada”, que estableció criterios mínimos para la planificación del crecimiento de las ciudades desde el Estado. Finalmente, con el retorno a la democracia se recupera el  espíritu de las administraciones anteriores, aunque sin renunciar mayormente a las lógicas de la oferta y la demanda.

En la imagen: Edificios Turri, Santiago de Chile.

Publicado originalmente en Academia Libre el 1 de agosto de 2023.